Los principales indicadores económicos se deterioraron en el 2016:
- El PBI cayó un 2 % o quizás más(i); había crecido el 2.5 % en el 2015(ii). O sea que el tamaño de la economía al final del 2016 sería algo más chico que al final del 2014;
- La pobreza aumento. Según la Universidad Católica Argentina (UCA), en 2015 la pobreza había alcanzado el 29% saltando en el primer trimestre del 2016 a 34,5%.(iii) En las nuevas estimaciones del INDEC la pobreza se estimó en un 32.2%, mientras que la indigencia alcanza al 6.3% de la población(iv). Impresionistamente, estas estimaciones parecen algo exageradas, aunque la tendencia es clara. En efecto, las estimaciones de pobrezas contienen necesariamente un juicio sobre lo que constituye la canasta básica. Según el sociólogo Daniel Schteingart las estimaciones del INDEC se basa en una canasta muy generosa. Si se usaría una canasta similar para medir la pobreza en Chile, por ejemplo, la pobreza de ese país que se estima actualmente en un 8% (posiblemente la mejor de la región) pasaría a ser del 27.9 %(v);
- El desempleo aumento. Según el INDEC, el desempleo alcanzó el 9.3 % a mediados del 2016; había sido estimado en 5.9 % en el 2015, en momentos en que el organismo producía datos muy discutibles según la oposición y algunos organismos internacionales;
- La inflación se aceleró sustancialmente de unos 25 % in el 2015 a más del 40 % en el 2016(vi). Los Índices de Precios al Consumidor publicados por la Ciudad de Buenos Aires arrojaron los siguientes resultados: inflación interanual a noviembre de 2016- 44.8 % (acumulado anual 39.3 %); inflación interanual a noviembre del 2015- 22.1 % (acumulado anual 23.9 %). Debe agregarse que los índices publicados por la Ciudad de Buenos Aires no eran objetos de cuestionamiento pues lo publicaba el gobierno porteño dirigido entonces por Mauricio Macri, hoy Presidente, y subsecuentemente por su sucesor de igual signo político. El atraso cambiario, debe agregarse, podría haber deprimido los precios durante el 2015;
- El endeudamiento exterior aumento sensiblemente(vii). El gobierno nacional emitió deuda por alrededor de $ 50,000 millones. A eso deben agregarse lo emitido por gobiernos provinciales por $ 6,000 millones. Los esfuerzos por mantener la base monetaria estable derivaron en una gran expansión en los títulos de deuda emitidos por el Banco Central (LEBAC). Como resultado, las deudas totales por LEBAC emitidos es igual a la base monetaria (circulante más depósitos de entidades financieras en el Banco Central) y devengan intereses anuales superiores al 1.5 % del GDP. Debe consignarse que las reservas, a las que podrían haberse destinado el incremento en la deuda, subieron solo $ 11,000 millones, de 26,000 a 37,000(viii);
- El déficit del gobierno nacional se estimó en un 6.5 % del PBI para el 2016(ix). Había sido estimado en algo menos para el 2015, 6.2 %. Tenemos entendido que el monto citado para 2015 incluye gastos inicialmente diferidos al 2016 como así también los ya pagados en ese año correspondiente al 2014, habría entonces una doble inclusión(x). Entre los ingresos, se excluyó los beneficios transferidos por el Banco Central que normalmente contribuyen a reducir el déficit fiscal pues el gobierno es el dueño de dicho banco. El déficit también fue (negativamente) afectado por la eliminación/reducción de retenciones a los granos, a las exportaciones mineras, y a los impuestos a los bienes suntuarios. También captura los subsidios a la industria petrolera que se estimó en $4,000 millones(xi). Por otra parte, el subsidio a la electricidad se vio reducido a raíz de los ajustes en las tarifas y ello disminuye el déficit fiscal;
- La calidad institucional no mejoró y, en muchos casos, registra un retroceso. Señalemos algunos factores salientes, en ese sentido. Primero, siguiendo prácticas de gobiernos anteriores, se implementó un nuevo blanqueo impositivo lo que implica degradar una vez más el valor del cumplimiento tributario como cultura de largo plazo. Para colmo la propuesta inicial de blanqueo incluía a autoridades políticas como posibles beneficiarios del blanqueo. A través de un decreto presidencial que está siendo cuestionado, se reservó el derecho al blanqueo a los familiares de los oficiales públicos. No se excluyeron del blanqueo a los contratistas y proveedores del Estado. Segundo, nada se hizo para modernizar el sistema de licitación pública. Se utilizó con exceso el sistema de “emergencia” que permite sortear normas de contabilidad en la adquisición de bienes y servicios. Tercero, las transferencias nacionales a las provinciales siguen siendo armas de presión y constituyen una forma de clientelismo político ejercida por el gobierno nacional, como en los mejores tiempos. Nada se hizo para institucionalizar el mecanismo de transferencia despojándolo de toda politización posible. Cuarto, las investigaciones sobre posibles hechos de corrupción muestran marcado sesgo. Toda investigación debe impulsarse de una manera juiciosa con total apego a la ley y a la independencia del poder judicial. Los jueces, por otra parte, no pueden o deben comportarse como un apéndice del gobierno de turno. En ese sentido, llama la atención la falta de investigación, con la intensidad necesaria, sobre las denuncias sobre los Panamá Papers donde el Presidente y altos funcionarios fueron prominentemente mencionados en la prensa internacional. Quinto, la criminalización de políticas públicas no ha dejado de propagarse. Ello es evidente en el caso dólar futuro, en las denuncias por operaciones con títulos LEBEC, en la reapertura de las denuncias del fiscal Nissman que fueran desestimadas por faltas de delito en numerosas oportunidades. Finalmente, no es menos preocupante la demonización de figuras de la oposición y la criminalización de la protesta social tal el caso de Milagro Sala cuya libertad fuera solicitada en términos muy cortantes por la Naciones Unidas(xii), la OEA(xiii) y Amnesty International(xiv). Se trata de organismos insospechados de simpatías con uno u otro gobierno y no opuestos a investigaciones de ilícitos que pudieran existir. Milagro Sala soporta un año de prisión sin condena firme.
- No se avanzó tampoco en la postergada lucha por preservar el medio ambiente, algo en el que el gobierno anterior estuvo muy ausente. Al contrario, las industrias extractivas vieron sus impuestos y retenciones reducidos. Nada se hizo para que las actividades agropecuarias sean consistentes con conservar los recursos naturales, particularmente para que la excesiva siembra de soja no contribuya a las inundaciones, buscando un balance entre el uso de agua y el cultivo, promoviendo la rotación de suelos cuando fuera necesario(xv). Vender más granos para pagar gastos e inversiones asociados a inundaciones, inclusive tragedias, no es un negocio recomendable. Similarmente el otorgamiento de permisos de construcción en forma y lugares inapropiados han contribuido a agravar las inundaciones, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Cabe mencionar que aquí la responsabilidad es compartida por el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y municipales. Los barrios cerrados en el Delta del Paraná, por ejemplo, están taponando el ecosistema y el escurrimiento de aguas que amortiguan las inundaciones en una vasta zona próxima a la capital Argentina(xvi). Los ricos entonces imponen a los menos ricos el costo de la degradación ambiental. La corrupción no es ajena a las construcciones en lugares y formas inapropiadas.
Se argumenta que estos resultados son el producto de arrastre del gobierno anterior y que las políticas implementadas son las correctas, un argumento muy usual en estos casos. Los precios de la energía y el tipo de cambio, entre otros, requerían ajustes. Pero la implementación tales ajustes ofrecían alternativas de distinto impacto, particularmente en la distribución del ingreso. De todas formas, pensamos que la situación imperante en noviembre del 2015 distaba de ser catastrófica; esa era la opinión del Ministro Pat Gay a poco de asumir(xvii): los desajustes presentaban un desafío importante, pero eran manejables; los niveles de consumo predominantes eran elevados. La desaceleración en el crecimiento sufrida en años recientes respondía ante todo a factores exógenos agravados por un manejo macroeconómico deficiente en los últimos años(xviii).
Nuestra visión para el año que se inicia no es optimista. La inflación cederá algo, pero continuará en niveles elevados. Una modesta recuperación podría ser posible pero limitada: bajar la inflación pone límites a una política expansiva y el gobierno tiende a profundizar la apertura comercial con el consiguiente impacto en los niveles de empleo y producción. Eliminar los altos déficits fiscal y de balanza de pagos no es posible en el corto plazo. Por lo tanto, el endeudamiento continuará, pero podría desacelerarse. Quizás aumente algo la inversión pública. Dudo sin embargo que la inversión privada muestre incrementos significativos desde que el mercado local está deprimido y la demanda externa no parece repuntar. La emisión de títulos LEBAC usados para capturar el dinero en exceso en plaza, es una bomba de tiempo si no se comienza a reducir el stock de títulos LEBAC. Sería ingenuo pensar, particularmente en un año electoral, que el gobierno tendrá voluntad política o deseos de modernizar el sistema de licitación pública, implementar medidas para proteger el medio ambiente y promover una Justicia más profesional.
i El FMI estimó una caída del PBI de 1.8 % para 2016 en su informe de Noviembre usando información existente a la fecha del mismo. Las estimaciones del FMI tienden a ser favorables, particularmente en el caso de gobiernos cuya filosofía comparte. Informaciones recientes apuntan a una caída más pronunciada en sectores claves de la economía.
ii Estimaciones citadas por el IMF basadas en cifras del INDEC.
v Ver Zaiat, A, La Tendencia, en Pagina 12, 9 de octubre de 2016
vii Infobae, 1rto. de noviembre de 2016
viii Boletín Estadístico del Banco Central
ix IMF, op cit
x Ver “El Caso del Falso Déficit Fiscal” por Axel Kicillof en Pagina12, 18 de febrero de 2016
xi Ver Elbirt, C. “A dónde va la economía argentina?” 14 de febrero de 2016
xii Ver United Nations Human Rights Commission, Office of the High Commissioner “Arbitrary Detention: UN expert group releases 21 Opinions on detention cases from 17 countries”
xiii Ver Inter-American Commission on Human Rights, IACHR urges the state of Argentina to respond to the case of Milagro Sala, 2 de diciembre de 2016
xiv Amnesty International, 17 de noviembre de 2016
xv Ver “La napa freática, cada vez más alta en la zona núcleo” en Agrovoz del 3 de enero del 2014
xvi Ver “El lujo construye inundaciones devastadoras en Argentina”, en Vecinos del Humedal, 18 de abril de 2013
xvii “La Argentina está en buenas condiciones (…) no hay urgencias (…) Nos dejan una herencia complicada pero no se compara con otros momentos del país”. Declaración hecha por el Ministro Pat Gay el 12 de diciembre de 2015. Ver Página 12, 18 de febrero de 2016.
xviii Ver Guzmán and Stiglitz, What’s on Argentina’s balance sheet? World Economic Forum, January 2016