Los argentinos elegirán presidente en el 2019. Lo harán en el medio de una profunda crisis financiera, económica y social que desgraciadamente podría devenir en crisis política si los problemas se agravan por ejemplo si se genera una corrida hacia el dólar o una hiperinflación.

Según nuestro análisis, el país retrocedió en todos los frentes, económico, social e institucional. La difícil pregunta es qué debe hacerse en el futuro inmediato y en los próximos años para estabilizar la situación economica-financiera y comenzar a crecer. Analizamos la situación después de tres años y condensamos en pocas líneas lo que podría ser, a nuestro juicio, la orientación general de políticas para revertir la actual situación.

La situación al comenzar 2019

El pais depende de la aprobación del Fondo Monetario. Si este desaprueba la performance económica del país en  alguna  de sus revisiones, como pasó durante el gobierno de De la Rua, probablemente se precipitaría una crisis política de imprevisibles consecuencias. Pero la crisis podría estallar por otros motivos: por ejemplo por una fuerte corrida hacia el dólar o si se producen estallidos sociales de magnitud. Hasta ahora, episodios dramáticos de esta índole parecen evitables, pero no improbables. El propio Fondo Monetario le asigna un alto riesgo al programa en curso. ¹

La extrema fragilidad financiera, económica e institucional del país es ilustrada por sus  principales indicadores:

Macroeconomia

• El PBI al final de 2018 es menor que el que recibió este gobierno. Por lo tanto, la caída del PBI en términos per capita es aún mayor, alrededor del 6%.
• La deuda del sector público en moneda extranjera creció rápidamente. En el 2015 representaba 36 % del PBI; en el 2018 el 61 %, unos US$ 300 mil millones.² También la deuda del sector público en moneda local creció de $ 960 mil millones (pesos argentinos) en el 2015 a $ 2353 mil millones a fines de 2018. Representa alrededor del 16 % del PBI, unos  US$ 80 mil millones.  O sea el sector público debe en total  unos US$ 380 mil millones, el 77 % del PBI.
• El problema de la deuda también alcanza a varias provincias y a la Ciudad de Buenos Aires que tomaron créditos en el exterior como no lo habían hecho hasta que asumió el nuevo gobierno y resolvió la situación con los llamados fondos buitres. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Rios, La Pampa, Jujuy, Salta y otras  tomaron prestamos que ya en 2017 alcanzaban los  US$ 10,000 millones.³ La provincia de Buenos Aires representa casi la mitad del total. Las finanzas provinciales quedaron vulnerables luego de la devaluación del 2018, particularmente Chubut y Salta.⁴ Las provincias pagan tasas anuales que en casi todos los casos superan el 8 %, alcanzando casi el 10 % en los primeros meses de 2018 (más comisiones y otros gastos se entiende).⁵
• Qué se financió con el crecimiento de la deuda? Además de las reservas del Banco Central, se financiaron principalmente la salida de capitales, el rápido crecimiento de importaciones en bienes de consumo, los gastos de argentinos en el exterior y los crecientes pagos de intereses. Contrariamente a lo que se dice, las exportaciones de 2018 no cayeron en términos globales a pesar de la sequia; es más el FMI estima que aumentaron levemente en relación al año anterior. El atraso cambiario de 2017 y el consiguiente deterioro en la balanza de pagos fueron posibles gracias al incremento de la deuda. En efecto, el deficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (lo que nos financian desde el exterior) era de US$ 17.6 mil millones en el 2015, casi se duplicó a US$ 31.3 mil millones en el 2017. Alcanzará alrededor de US$ 26 mil millones en el 2018.⁶ El crecimiento en importaciones de bienes de capital y bienes intermedios fue pequeño y tuvo lugar sólo en el 2017. La inversión representa básicamente el mismo porcentaje que el existente al asumir Macri: alrededor del 15 % del PBI.
• Las cuentas fiscales mostraron cambios importantes principalmente en la composición del gasto. Lo mas notable es el incremento en el pago de intereses de la deuda que en el 2015 representaban el 1.6 % del PBI. En el 2018, los intereses representan mas del 3 % del PBI. Por otra parte, los sueldos del sector público cayeron como porcentaje del PBI en mas de 1 % del PBI. El déficit total del sector público permanece en alrededor del 6 % del PBI, mostrando un aumento importante en relación a 2014. En otras palabras, la caída en gastos primarios del sector público es más que compensada por el aumento en los intereses de la deuda.
• El presupuesto aprobado para el 2019 y acordado con el FMI introduce incrementos importantes en los impuestos y caídas en los gastos primarios (que excluyen intereses). Los intereses de la deuda aumentarían nuevamente tanto en términos relativos como  absolutos. En gran medida vuelven a regir los impuestos existentes en la última época del Kirchnerismo y otros nuevos como la retención a la exportación de productos industriales no gravados con anterioridad. El nivel del gasto público primario cae en términos reales, o sea teniendo en cuenta la inflación, un 10 % respecto a 2018.  El año 2019 es por lo tanto el verdadero año del ajuste. Precisamente esta caída en los gastos de gobierno, considerada  como recesiva, parece estar en el centro de la discusión política. Es probable que el objectivo de déficit primario cero no se logre aún cuando los otros parámetros del programa se cumplan porque el impacto recesivo podría hacer imposible recaudar el monto de impuestos programado.

Indicadores Sociales

• Los indices sociales se han deteriorado, particularmente durante el 2018: El desempleo aumentó en el 2018 en relación a  2017 y asciende al 9 % para el pais. Supera el 10 % en el Gran Buenos Aires, esto es en la zona industrial de gran concentración. El subempleo también aumentó y asciende a casi el 12 %.⁷ El salario promedio del sector privado cayó en casi un 10 % en términos de poder adquisitivo desde Septiembre de 2017 a igual mes de 2018.⁸ Todo indica que esa caída se está agravando. Se estima que las Jubilaciones cayeron casi un 10 % en el último año.⁹ La pobreza está aumentando. Aunque hay una polémica sobre la metodología de su medición (agravada a partir de la inexcusable falta de medición oficial durante el tramo final del Kirchnerismo), según la Universidad Católica la pobreza alcanzó su grado más alto en esta década, un 25 % de los hogares y un 33 % de los habitantes.¹⁰ La pobreza extrema, esto es la indigencia, habría llegado al 6 % de la población. Aunque estos números pueden ser cuestionados como muy elevados debido a la metodología usada, el aumento de la indigencia es evidente en los centros urbanos.¹¹

Medio Ambiente

• Argentina viene sufriendo las consecuencias de la deforestación, de la expansión de la soja y granos en detrimento de otras actividades que no impactan negativamente en el medio ambiente, de las actividades mineras que degradan el medio ambiente y contaminan las aguas. Casi todos los años el pais sufre inundaciones, sequías, problemas ambientales agudos. No sólo están asociados al cambio climático. Tienen que ver con la deforestación que sufre el pais que, lejos de revertirse, continúa en muchos lugares. También con la expansión del cultivo de soja y otros granos. Estos problemas son de vieja data pero continuaron y hasta se agravaron con el actual gobierno. Desde la sanción de la ley de bosques en el 2007 se desmontaron 2.5 millones de hectáreas. Una gran parte de los desmontes efectuados en el 2016 tuvieron lugar en zonas no permitidas por la ley.¹² Aunque no tenemos estadísticas más frescas para el pais en su conjunto, todo indica que este problema siguió durante 2017 y 2018 a juzgar por incidentes e información parcial sobre las provincias del noroeste, Chaco y otras. Es obvio que los gobiernos provinciales comparten responsabilidad. En algunos casos, son los principales responsables, particularmente porque “mueven” los límites forestales o porque no implementan leyes ya existentes. El crecimiento anárquico de las ciudades agrava también las inundaciones, muy evidentes en el cono urbano del gran Buenos Aires, donde el delta ha sido asaltado por las construcciones, el moviento de tierras asociado a barrios cerrados, el taponamiento de arroyos. No se conocen iniciativas a nivel provincial o municipal para evitar que este problema se siga agudizando. No hay evidencias de que los municipios afectados diseñen sus planes de obras públicas obedeciendo a estas prioridades.

Corrupción

• No se tomaron medidas de importancia para disminuir la fuentes de corrupción en el futuro. En ese sentido notamos que no hay iniciativas para modernizar la ley de licitaciones y compras del sector público, extendiéndolo a las provincias y creando mecanismos ágiles y efectivos de contralor, disminuyendo/eliminando las compras directas en lo posible.  Tampoco se efectuaron  cambios para que la Oficina Anticorrupción sea un organismo verdaderamente independiente del gobierno de turno. No se insiste en una auditoria permanente de la obra pública, en el congelamiento o cancelación, en lo posible, de la cesión de tierras públicas inclusive por gobiernos provinciales o municipales. No se han simplificado los impuestos para facilitar su colección y monitoreo. Cada día el pais se aleja mas de la existencia de un Poder Judicial independiente. Esta falta de independencia incluye a la Procuración General de la Nación. Tampoco se ha actualizado la Ley de Ética Pública para impedir, por ejemplo, que gobernantes tengan negocios privados con contratistas y proveedores. La lista de medidas y acciones que se podrían tomar para efectivamente fortalecer la capacidad institucional es enorme.
• Podemos decir que se debilitan peligrosamente las instituciones. Por ejemplo, la Oficina Anticorrupción actúa como una agencia del gobierno. La OA es presidida por una militante de partido gobernante que ha sido imputada por apartarse de las normas éticas y defender al Presidente.¹³ El Presidente intentó designar por decreto dos Jueces de la Suprema Corte,¹⁴ se presionó públicamente a la Procuradora General hasta provocar su renuncia.¹⁵ Gil Carbo había sido procesada por la compra de un edificio de la Procuradoria. El procesamiento parece haber sido parte de las presiones.¹⁶ Existen muchos casos de fiscales y jueces removidos que son, al menos, sospechosos o que muestran parcialidad política.¹⁷ Otro caso cuyo tratamiento es muy sospechoso es el de los llamados aportes truchos que afecta al gobierno de la Provincia de Buenos Aires.¹⁸ La Suprema Corte muestra públicamente luchas internas que traslucen una debilidad institucional muy grave.¹⁹ Otro elemento de retroceso institucional ha sido el de dictar una ley para blanquear capitales algo en lo que muchos gobiernos anteriores incurrieron. Este gobierno fue más allá: modificó por Decreto la ley que prohibía acogerse al blanqueo a familiares directos de funcionarios. Macri fue imputado por ello.²⁰ Un hermano del Presidente, se supo, blanqueó cifras millonarias. Las colocaciones de deudas en Nueva York involucran pagos de comisiones y asesoramiento legal que insume cifras millonarias, estimadas en más del 0.5 % de la deuda emitida. O sea que si se emiten US$ 100 mil millones, estos gastos ascenderían a algo asi como US$ 500 millones. El proceso de selección de intermediarios en la colocación de deuda no es transparente. El estudio de Nueva York que colocó deudas de provincias tiene como socio a un hermano de Mario Quintana quien fuera vice jefe de Gabinete. Esa situación originó demandas legales.²¹
• Se ha centrado la lucha contra la corrupción en contra el gobierno anterior. En la medida que se respeten las garantías constitucionales, los procesamientos de actos de corrupcion son positivos. En ese sentido se presentaron casos reales (bolsos de Lopez), acusaciones verosímiles a demonstrar (red de corrupción en la obra pública, incluyendo la carterizacion) y otras que lucen poco creíbles (containers llenos de dinero enterrados). Los casos de posible corrupción son muy difundidos y conocidos; se centran sobre todo en el ex Ministerio de Planificación. En algunos casos la investigación comprende o roza personalidades del actual gobierno. Se observa un tratamiento desbalanceado por parte del Poder Judicial. La severidad siempre recae sobre miembros o allegados al gobierno anterior, particularmente la ex Presidente. Otros imputados o procesados recuperan rápidamente su libertad en especial si sus declaraciones involucran a dirigentes Kirchneristas.²² Las prisiones preventivas se aplican excesivamente tal lo reconocieran juristas y hasta miembros del propio gobierno.²³ La presencia de la television en detenciones es publicitada y la humillación de los detenidos propagada.²⁴ Se insiste repetidamente en el desafuero y detención de la ex Presidente Cristina Kirchner no asi en el de una Diputada partidaria del gobierno también procesada por corrupción.²⁵ Es obvio que el gobierno cuenta con el apoyo de la prensa y los medios de difusión más importantes lo que crea sesgos importantes. Se ha prestado muy poca atención, en los medios de difusión y en el Poder Judicial, a los casos que afectan o afectaron a miembros del gobierno, incluyendo el referido al Presidente por la obtención de fondos ilegales para las elecciones, denunciado en un reciente libro por un conocido periodista del diario La Nacion . ²⁶

Cómo salir de esto?

La salida política que el pais decida condicionará el diseño de medidas. Opinaremos  sobre la orientación general de las medidas que a nuestro juicio son prioritarias. Las implementación de las medidas sugeridas demandarían un acuerdo social amplio:

En primer lugar, controles a la movilidad de capitales son imprescindibles en esta etapa para restringir la salida masiva de los dólares obtenidos de la exportacion e impedir la entrada de capitales golondrinas que juegan un rol desestabilizante. Creer que con un programa fiscal draconiano o una política monetaria restrictiva se resuelve todo es ingenuo y peligroso. Los controles a la movilidad de capitales deben ser implementados con flexibilidad y pragmatismo. No se sugiere eliminar totalmente la movilidad de capitales, sólo controlarla. Pueden ser relajados a medida que se consolide un proceso de estabilidad financiera y la economía vuelva a crecer.

La política industrial debería enfocarse en proveer protección solo a algunas industrias que se consideren competitivas a largo plazo y que sean relevantes en la provision de empleo (¿textil, cueros? etc). Tal protección no puede ser eterna y esa política debe reflejarse en un nivel de protección decreciente a lo largo del tiempo que debería pre-anunciarse.

La politica fiscal deberá ser realista y sostenible. Demandará esfuerzos de la población pero privilegiará a algunos sectores y actividades. Un presupuesto realista no podrá evitar cierto deficit primario no excesivo en los años iniciales del programa, digamos 2-3 % del PBI. Se basaría en una presión impositiva similar a la existente pero con algunos ajustes importantes: las retenciones a la exportación solo comprenderían la soja,  los granos y la minería (que afectan negativamente el medio ambiente). Se gravaría más la importación de autos de alta gama, yates y productos suntuarios en general. Los impuestos a las ganancias y bienes de capital deberían cobrar creciente importancia y reemplazar, gradualmente, a los que gravan los salarios. Se protegerían los siguientes componentes del  gasto público: jubilaciones, programas de ayuda a los sectores más vulnerables (sujetos al más riguroso control), educación, salud e inversiones prioritarias con acento en el mantenimiento de la infraestructura existente. En relación a los programas de ayuda social, el énfasis se pondrá en los ingresos monetarios provistos por el estado a los sectores vulnerables. Se descartaría el asistencialismo observado actualmente, consistente en habilitar muchos comedores. Estos últimos solo tienen sentido para las personas en situación de calle.

Los salarios se incrementarían moderadamente sin llegar a compensar totalmente las pérdidas  ya sufridas. A partir de allí, las paritarias podrían funcionar normalmente basadas en aumentos que no superen la inflación, por lo menos hasta que la economía y productividad crezcan sostenidamente (4 % anual o más).

Es inevitable una renegociación de la deuda con los acreedores del sector publico, tanto internacionales como domésticos. Tal renegociación es inevitable en cualquier escenario posible si se observa el calendario de vencimientos desde el 2020. Todo esto presupone rediscutir el programa con el FMI. Se anticipa que rediscutir el programa con el FMI será muy difícil pero no se pueden cortar las relaciones. Argentina no esta en condiciones de hacerlo.

La protección del medio ambiente reclama una moratoria en los desmontes y en la cesión de tierras publicas, en una reorientacion de los gastos municipales hacia obras que mejoren la colección de las aguas y el planeamiento urbano. Deben facilitarse algunas actividades agrarias, industriales y de servicios que provean más empleo y sean más compatibles con el cuidado del medio ambiente que las extractivas.

Basándose en una amplia consulta ciudadana, se introducirán varias reformas orientadas a mejorar el funcionamiento institucional. Se reformará la ley de licitaciones y compras del sector público introduciendo mecanismos ágiles y efectivos de contralor basados en la experiencia mundial. También se introducirán cambios en la  Oficina Anticorrupcion, independizándola del Poder Ejecutivo. Similarmente, se  introducirán  cambios en el funcionamiento del Poder Judicial. Los jueces y fiscales tendrían duración limitada. La composición del Consejo de la Magistratura deberá revisarse para garantizar que jueces y fiscales actúen con pericia y objetividad. Se debe actualizar la Ley de Ética Pública para regular muchas situaciones que permiten una suerte de corrupción legal en el presente.