Introducción

• ¿Dónde está la corrupción?
• ¿Que se puede hacer para reducirla?

Al tratar de encontrar respuestas a estas preguntas, debemos observar que la corrupción existe a nivel nacional, provincial, municipal, en instituciones del estado (i.e. Universidades), en instituciones privadas (i.e. clubes y asociaciones de clubes de futbol), organismos recaudadores de impuestos, organismos policiales. No debemos incurrir en el error de limitarla a instituciones y personas alejadas de la vida cotidiana, en altas esferas. Está muy cerca de todos.

Es bueno recordar que la corrupción puede ser ilegal o también llevada a cabo sin transgredir las normas legales, lo que no la hace menos negativa para la economía o moral social.

La corrupción en el poder judicial tampoco puede ser ignorada, particularmente en Argentina. Es un tipo de corrupción que se asocia al poder transitorio para buscar privilegios y, a veces, futuras recompensas. El uso del poder judicial para fines políticos se ha vuelto muy importante en muchos lugares del mundo, transformándose además en un arma formidable(1).

¿Por dónde empezar?

• La lucha contra la corrupción, si es genuina, debe centrarse en producir mejoras institucionales y operativas de tal suerte que se la haga más difícil, se la reduzca al máximo. Esa debería ser la primera prioridad.
• La segunda es atacar la corrupción presente. Frenar la corrupción presente tiene un valor práctico y, además, proporciona un ejemplo moral.
• La tercera prioridad es atacar la corrupción pasada, como forma de escarmiento moral y, también, de resarcimiento económico en lo posible.

Una lucha exitosa contra la corrupción requiere acción ciudadana e iniciativa gubernativa, mancomunadas. Si falta alguno de ellos el esfuerzo suele ser fallido. No debe centrarse en el escándalo, ni servir de instrumento del poder circunstancial. La corrupción no respeta ideologías ni partidismos. La experiencia prueba que contamina a gobiernos de distinto signos. No deben colectivizarse las responsabilidades individuales. Además, la lucha contra la corrupción es un aspecto de las políticas públicas, muy importante sin dudas, pero no el único. No debe reemplazar el examen de políticas públicas en su totalidad.

¿Dónde está la corrupción en Argentina? Una lista incompleta y tentativa de las áreas principales

• Venta o cesión para uso de tierras públicas. Las tierras públicas están, en la mayor parte de los casos, bajo jurisdicción provincial. La venta a valores inferiores al de mercado ha sido denunciada en muchos casos sin mayores resultados. En el Chaco, por ejemplo, se denunció la venta de tierras a precios inferiores al 20 % del valor de mercado(2). También hay procesos judiciales en curso; en Rio Negro, por ejemplo(3). El uso de tierras públicas es muy conveniente para el/los beneficiarios aun cuando no constituya transferencia formal de propiedad. En tales casos el usufructuario de las tierras no debe pagar impuestos a la propiedad o a los bienes personales. El uso es generalmente concedido por periodos largos de tal suerte que cualquier inversión estará amortizada antes de que la tierra sea devuelta al estado, si alguna vez ocurre tal cosa. En algunos casos, estas transferencias han sido acompañadas de deforestaciones con efectos muy perjudiciales al medio ambiente y, a veces, ignorando los derechos de pueblos originarios asentados en el lugar por mucho tiempo. Un caso muy llamativo es el del diputado salteño Alfredo Olmedo beneficiario de 230 mil hectáreas(4) que le transfiriera el estado provincial. Aunque han existido denuncias y algún proceso judicial que otro sobre estas ventas y/o cesiones, el impacto final no parece haber cambiado: el estado perdió control sobre áreas importantes que no fueron recuperadas.

• Tierras forestales y mineras. Un capítulo especial lo merecen las áreas dedicadas a explotación forestal y minera, que requieren especiales medidas de conservación. Las fronteras de protección forestal suelen “moverse” para favorecer a determinados propietarios. Una forma de corrupción doblemente dañina en la que se menciona, por ejemplo, a la actual familia presidencial(5).

• Alquiler de terrenos públicos. El alquiler de terrenos públicos en zonas urbanas también puede ser una fuente de corrupción. En tal sentido se ha denunciado que los terrenos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Costanera se alquilan a precios irrisorios(6). La corrupción a nivel provincial no se menciona mucho. En parte, porque la corrupción como tópico de interés ha sido nacionalizada, centrada más en el escándalo que en el mejoramiento institucional. No debe excluirse que en muchas provincias y municipios la lucha contra la corrupción encuentra poderosas resistencias en los centros del poder, incluyendo el poder Judicial, y hasta se puede tornar peligrosa.

• Licitación de obras y compras de servicios. Se denuncian mucho los sobreprecios de obras que se pagan con coimas. Los ejemplos abundan. Una Senadora nacional denunció al ex gobernador de Tucumán José Alperovich por sobreprecios en un plan de viviendas. Se habrían pagado hasta un 30 % de sobreprecios(7). No puede excluirse que muchas denuncias tienen un fondo político y necesitan probarse. Sin embargo, los costos de las obras construidas suelen ser excesivos, particularmente si se tiene en cuenta la calidad de lo construido. Las crecientes fortunas de los gobernantes agregan credibilidad a las sospechas. En muchos casos la corrupción incluye dádivas, sin que ello constituya la totalidad del delito. Es el delito por el que fue condenado Ricardo Jaime, Secretario de Transporte diez años atrás(8).

• La “cartelización” de la obra pública por las firmas constructoras. La “cartelización” de firmas constructoras es el acuerdo de las grandes empresas para distribuirse las licitaciones, a veces conforme a un criterio geográfico, lo que les permite incrementar los precios(9). Es un factor innegable en la Argentina. Este fenómeno es el resultado de acuerdo ilegales entre las empresas contratistas, pero no exime de responsabilidad al estado que tiene la obligación de actuar contra tales acuerdos. El gobierno actual reclama para si algunos éxitos en ese campo, pero sin ofrecer evidencias sólidas todavía(10).

• Auditorías independientes de la obra pública. Las auditorias realmente independientes de las obras públicas, incluida su calidad, no parecen haber estado presente como un elemento regular, por lo menos en todos los estados y organismos donde se implementen obras con fondos públicos. Por lo tanto, eso puede ser un punto de controversia entre administraciones salientes y entrantes. La ex presidente Cristina Fernández de Kirchner ha pedido una auditoria judicial de toda la obra pública ejecutada bajo su gobierno y lo que va del actual, incluyendo la existencia de sobre precios. Se supone que tal auditoria ya debería existir. La ex presidente está acusada de corrupción en la adjudicación de obras a empresas de Lázaro López(11). El gobierno actual ha basado denuncias al gobierno anterior en auditorías internas, como las que efectúa Vialidad Nacional. A nivel nacional, la Auditoria General de la Nación oficia de auditor independiente y reporta al Congreso. Tiene amplias atribuciones constitucionales. Sin embargo, su impacto en auditar obras públicas y evitar sobre precios no parece muy exitoso. Seria necio negar que es ajena a los ajetreos políticos. Por ejemplo, Ricardo Echegaray, ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue nombrado nuevo Auditor General de la AGN, por el partido de oposición. Fue removido por el oficialismo debido a la acusación de violación de secreto y falso testimonio: dar a conocer que Prat-Gay, ministro de economía, tenía una cuenta bancaria sin declarar en Suiza. Después de perder su puesto en la AGN, Echegaray fue sobreseído por un tribunal federal de dicha acusación(12).

• “Arreglos” financieros especiales. También se puede mencionar como fuente de corrupción a los arreglos financieros con las compañías contratistas que resultan en gastos financieros para el Estado superiores a los pactados o a lo que corresponde técnicamente de acuerdo con las cláusulas de contratación. Por ejemplo, el presidente Macri asignó unos 3 mil millones de dólares para terminar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La cifra fue solicitada por la empresa constructora y según los técnicos responsables de monitorear la obra estaba inflada por lo que se habían negado a convalidarla. Sin embargo, el gobierno reconoció más de 750 millones de dólares de más. Los beneficiados incluyen a la (tristemente célebre) compañía brasileña Odebrecht y a la firma IECSA que pertenecía al Grupo Macri y que luego fue vendida a Ángelo Calcaterra, primo del primer mandatario(13). Martin Lusteau, ex Embajador en EE. UU. designado por el presidente Macri y que también fuera ministro de la presidente Kirchner, criticó el soterramiento del Sarmiento por ser muy caro(14). Seguramente hay muchas otras formas más de corrupción (legales o cuasi legales) relativas a los contratos de obras públicas.

• Relaciones entre gobernantes y contratistas. Un factor que agrega problemas son las estrechas relaciones entre gobernantes, particularmente a nivel provincial y municipal, y contratistas(15). Por ejemplo, las relaciones comerciales entre los Kirchner y Lázaro Báez que se remonta a Santa Cruz o la existente entre Macri y Nicolás Caputo, también de vieja data. Tales relaciones deberían estar restringidas por ley. En estos momentos no están consideradas ni siquiera antiéticas.

• Otorgamientos de permisos de construcción. El otorgamiento de permisos de construcción es una fuente de corrupción de los gobiernos municipales, a veces muy notorias(16). Este tipo de corrupción es responsable de construcciones en lugares inapropiados, o violando las propias reglas del lugar, lo que deviene en problemas de infraestructura serios para el municipio en cuestión: inundaciones(17), escasez de agua, congestiones de tráfico, etc. Debemos reconocer que las autorizaciones indebidas no necesariamente responden a hechos de corrupción. A veces las impulsa la necesidad de promover la economía y el empleo local en el corto plazo. La corrupción, o ineptitud, existente en esos niveles no ha ocupado un lugar muy prominente, ciertamente no tan prominente como a nivel nacional.

• Corrupción en otros sectores. No podemos ignorar la corrupción en organismos exentos de pagar impuestos (i.e. clubes y colegios), algunos de los cuales reciben además subsidios, de las propias universidades que auditan sus cuentas en el contexto de la autonomía de la que gozan. Los mecanismos de control existen (i.e. Inspección de Sociedades para los organismos privados). Pero seguramente hay áreas en blanco que permiten expandir la corrupción. Además, la implementación de controles parece ser débil en la mayor parte de los casos.

• Corrupción en Sindicatos y Obras Sociales. Los Sindicatos y Obras Sociales son en la práctica organismos paraestatales desde que sus ingresos provienen de descuentos y aportes obligatorios. Aunque existen organismos de contralor y su eficacia quizás haya sido mejorada, es claro que los estándares de vida y bienes de la mayor parte de los dirigentes gremiales sugieren la existencia de corrupción a gran escala. La corrupción alcanzó niveles impensables con la llamada mafia de los medicamentos y el encarcelamiento (temporario) de algunos líderes sindicales. Caros remedios oncológicos eran reemplazados por drogas falsas. Un verdadero crimen además de la corrupción con la que se los asociaba. Graciela Ocaña como directora del PAMI primero y ministra después, en el gobierno de Cristina Kirchner, denuncio con mucha energía tal mafia. De esa forma ganó merecido prestigio y dejó el gobierno porque no se sintió suficientemente acompañada. Posteriormente Ocaña ingresó al partido actualmente gobernante, Cambiemos, donde compartió filas con el Momo Benegas(18), precisamente uno de los dirigentes que fuera encarcelado por su presunta participación en la mafia de los medicamentos. Extrañamente, no encontré evidencias de que el prestigio de Ocaña, y aún el de Benegas, hayan sufrido a raíz de estos avatares. A su muerte, Benegas fue recordado por el presidente y la Sociedad Rural(19).

• Tráfico de drogas y corrupción. El tráfico y comercialización de la droga han permeado algunos órganos policiales (Santa Fe, Córdoba)(20) y de gobierno. En algunos casos comprometió jueces (Salta)(21). Según un informe de la Universidad Católica Argentina, 7 de cada 10 jóvenes afirman que los agentes policiales son participantes en el delito mientras que cerca de un 30% apunta a la connivencia de los punteros políticos(22). Recordemos el reciente festival de música electrónica en la ciudad de Buenos Aires con la presencia de 11 mil jóvenes donde se vendía la droga éxtasis y también el agua que dicha droga demanda tomar. Allí murieron cinco chicos(23). Dado el número de personas, la responsabilidad policial no podía delegarse en una compañía privada, como parece haber ocurrido. De todos modos, el caso recordó a Cromañón, pero, a diferencia del mismo, no creó mayores costos a niveles políticos. El incendio de Cromañón derivó en la renuncia del entonces Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

• Cuando la lucha contra el tráfico y comercialización de drogas es usada políticamente, su eficacia disminuye y se dificulta la participación ciudadana. La cultura política debería castigar tal utilización que parece muy evidente en la provincia de Buenos Aires. Durante la campaña electoral para gobernador de la Provincia de Buenos Aires en 2015, poco antes de las elecciones, se lanzaron fulminantes acusaciones contra el candidato oficialista Aníbal Fernández(24), quien era también Jefe de Gabinete en el gobierno saliente. Puede que tales acusaciones hayan sido decisivas en la elección. Se lo acusaba de estar implicado en el tráfico de efedrina y de ser autor intelectual de asesinatos conexos. No se brindó ninguna evidencia ni se procesó judicialmente a Fernández como hubiera correspondido en esas circunstancias. No hay dudas que existen casos de complicidad política con delitos de esta u otra índole que deben ser perseguidos como corresponde. Pero un trato ligero, claramente político del tema, tiende a deslegitimizar los casos donde hay fundadas razones.

• Privilegios irritantes. Finalmente, debe mencionarse la existencia de privilegios irritantes en la sociedad que aumentan el cinismo social y hacen difícil la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, Jueces y parlamentarios no pagan impuestos a las ganancias. Normas como esta “justifican” en el ciudadano común la evasión impositiva. Otro ejemplo reciente que contribuye a deteriorar la confianza pública es el blanqueo impositivo. Casi todos los gobiernos lo introdujeron. Los actuales gobernantes lo criticaron justicieramente cuando eran oposición, pero fueron muy rápidos en introducir uno cuando pasaron a gobernar. Para colmo de males, el blanqueo reciente incluyó, por decreto, a familiares de funcionarios. Tampoco se excluyó a contratistas del estado.

• La financiación de la política. La financiación de la política también está empapada por actos de corrupción. Desde que las campañas políticas se han vuelto excesivamente caras, ese es un fenómeno mundial. No es casual, cuando se disputa el poder todo parece ser válido. Así recordemos la detención de un ciudadano venezolano en Ezeiza que traía 800 mil dólares no declarados en el 2007(25). En algún momento se dijo que el dinero ayudaría a financiar la campaña electoral del gobierno anterior. El caso de las “bolsas” de dinero en la casa de la vicepresidenta Michette es también notorio. Inicialmente se vinculó el dinero a la campaña electoral; luego se adujo pertenecía a una ONG. Se sabe que muchos individuos y empresas utilizan dinero no declarado para efectuar contribuciones políticas. Michette fue absuelta en forma muy expedita(26). También se sospecha que los millones de dólares con los que se sorprendió a José López(27), secretario de Obras Publicas durante el Kirchnerismo, era parte de contribuciones ilegales o en negro para campaña electorales. En tal caso López se habría guardado parte de las contribuciones.

¿Qué se puede hacer para disminuir la corrupción?

• En primer lugar, la lucha frontal contra la corrupción requiere del apropiado clima político y social. Debe comenzar con genuinos esfuerzos en los altos niveles y con una movilización social que la acompañe. Podría requerir estatura moral intachables de las cabezas políticas. El presidente Illia en Argentina o Pepe Mujica en Uruguay son buenos ejemplos en ese sentido. Las medidas técnicas o legales no son en absoluto suficientes. Los esfuerzos de lucha contra la corrupción no pueden abarcar todo, deben responder a una estrategia que respete prioridades y empiece por lo más importante, esto es lo que afecta en mayor grado el interés social. La existencia de mecanismos de funcionamiento que premien el accionar legitimo son más importante que los castigos por las faltas.

• Una condición sine qua non es la existencia de un poder Judicial independiente, insensible a la presión de intereses poderosos, despolitizado. Se requiere de una financiación de la política lo más legítima posible. Los organismos policiales necesitan jerarquización y una cultura distinta a la observada. Algo que no se ha logrado después de 35 años en democracia. El accionar contra la corrupción debe basarse en la comprobada premisa de que la corrupción no está asociada o desasociada a ningún gobierno, partido o grupo político en particular. Afecta a todos de algún modo. Sin embargo, las responsabilidades son siempre individuales. El escándalo no es la mejor manera de luchar contra la corrupción. Los derechos humanos y legales de los acusados deben ser siempre respetados cuando se hacen imputaciones.

• Las condiciones mencionadas, debemos reconocer, no existen ni se están haciendo progresos dignos de mención para lograrlas, tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Algunos cambios necesarios demandaran redefiniciones de las actuales jurisdicciones institucionales y, por supuesto, solo podrían ser implementados en el largo plazo.

• La prensa puede ayudar o perjudicar en la lucha contra la corrupción. Creo que los principales periódicos y canales de televisión han mostrado marcado sesgo político, impidiendo el análisis reflexivo que permita buscar respuestas institucionales de largo plazo. Un ejemplo claro de ello es la manera en que se reportó la detención de Minnicelli, cuñado de de Vido. Su detención se reportó como parte de la “Corrupción K(28). En realidad, los delitos por los cuales fue detenido fueron cometidos por la “banda de los contenedores” que operaba en la Aduana durante el actual gobierno(29). Los hechos imputados a Minnicelli nada tienen que ver con el gobierno K o con de Vido, quien es investigado por otras causas algunas también graves. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció al actual Director de Aduana, Gómez Centurión, por la corrupción existente en la Aduana. Centurión fue temporalmente separado de sus funciones, pero luego reincorporado. Otra obvia evidencia de sesgo periodístico muy acentuado puede encontrarse en el programa Televisión Para Todos. El periodista Jorge Lanata investigaba en profundidad la corrupción durante el gobierno anterior. No continuó haciéndolo con la llegada del nuevo gobierno a pesar de múltiples casos que ameritan una seria investigación como el de los Panamá Papers(30) donde aparece mencionado el presidente, el del Correo Argentino (condonación de deuda a una empresa de la familia presidencial donde se alega perjuicio para el fisco)(31) y Avianca (venta de una empresa aérea de la familia presidencial a Avianca seguida de la adjudicación de rutas aéreas domesticas e internacionales a dicha compañía)(32).

• En un campo más específico, las leyes nacionales y provinciales sobre usos de tierras publicas pueden ser apropiadas pero su aplicación es generalmente pobre y no hay evidencias de participación ciudadana en dichos procesos. Este es un tema donde la coordinación y cooperación entre los estados nacionales y provinciales es crucial. La actual adhesión voluntaria de las provincias a las normas legislativas nacionales es una manera muy tibia de atacar el problema. Es necesario introducir mecanismos más contundentes. La venta de tierras fiscales no es de por si negativa si al realizarla se tiene en cuenta la necesidad de preservar bosques, evitar impactos negativos en el medio ambiente, respetar los derechos de asentamientos de poblaciones originarias en el lugar y, por supuesto, ser pactadas a precios de mercado. Las zonas forestales deben respetarse estrictamente y, en muchos casos, recuperarse. Como regla general, debería seguirse una política muy conservadora en materia de tierras públicas y preservar como reservas naturales la mayor cantidad de ellas. Las inundaciones periódicas, incluyendo la presente, nos recuerda la importancia de los bosques para el medio ambiente: a raíz de las inundaciones se perderían hasta un cuarto de las cosechas(33).

• Debe reconocerse que lidiar con problemas de licitación no es fácil. La colisión entre contratistas no es de fácil control aún si las licitaciones se hacen lo más abiertas posibles.Las leyes de licitación se consideran desactualizadas y los mecanismos de contralor insuficientes, carente de transparencia y control ciudadanos. Como dijimos, este problema abarca los estados nacionales, provinciales y municipales. No debemos olvidar que la mitad de las inversiones al menos son implementadas por los gobiernos provinciales. La llamada transparencia se ha reducido en muchos casos a la creación de web-sites que no resuelven el problema de fondo. La búsqueda por soluciones globales requiere, como condición necesaria pero no suficiente, la revisión de normas, su simplificación, y sobre todo el control ciudadano. El poder de los contratistas es notable y su neutralización requerirá esfuerzos formidables de parte de la sociedad. En este campo pueden utilizarse los ejemplos internacionales que dieron buenos resultados, particularmente en algunos países europeos. El uso de comparadores de costos de las obras como forma de controlar posibles actos de corrupción debería popularizarse.

• Los privilegios irritantes deben ser suprimidos, como las exenciones impositivas a legisladores y jueces. También las jubilaciones de privilegio. Es necesario un contrato social sólido para evitar futuros blanqueos impositivos, prohibir las relaciones personales entre contratistas y oficiales público, despolitizar los organismos de auditorías nacionales y provinciales, acordar normas que hagan difícil el otorgamiento indebido de permisos de construcción, y lograr una reforma sustancial al sistema de financiamiento de las campañas políticas.

Notas

1 La utilización de la Justicia y del Parlamento con fines claramente políticos se observó en Brasil donde fue destituida la presidente Dilma Rousseff por una tecnicidad presupuestaria. La operación para destituirla se había iniciado con cargos de corrupción nunca probados. Paradójicamente, la corrupción parece afectar más al nuevo gobierno, incluyendo a quien iniciara el juicio político a la presidente, el ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha condenado a quince años por corrupción.

2 “El Centro Mandela DDHH denuncio irregularidades en la venta de tierras públicas en el Chaco”, 24 de marzo de 2015, http:// www.centromandela.com/?tag=venta-de-tierras-fiscales

3 “Confirman procesamientos por ventas de tierras fiscales”, ver DeViedma, jueves 31 de agosto 2017. http:// www.rionegro.com.ar/viedma/confirman-procesamientos-por-ventas-de-tierras-fiscales-EQRN_2306541

4 Ver Urgente24, Vergonzoso Escandalo de apropiación de tierras en Salta, 20 de octubre de 2014. El articulo dice entre otras cosas: “El diputado Alfredo Olmedo le debe gran parte de la fortuna que hoy gasta en su campaña proselitista para la gobernación de Salta a una escandalosa cesión de tierras con la que lo benefició el ex mandatario provincial Juan Carlos Romero. Son 230 mil hectáreas en el departamento de Anta, en parte deforestadas para sembrar soja, y cedidas con el beneficio de no tener que pagar impuesto alguno hasta 2021. La concesión de Salta Forestal, una empresa con mayoría del Estado provincial cuya licitación se sospecha fue digitada por Romero, incluía varios compromisos para el desarrollo del área que no fueron cumplidos por la empresa, que ya lleva diez años explotando tierras fiscales. Las inspecciones del Ministerio de Trabajo local registraron múltiples irregularidades con residentes que fueron expulsados de esas tierras, a lo que se suma la detección por parte de la AFIP de trabajadores en “condiciones infrahumanas” en campos del diputado en La Rioja. Olmedo se desligó de las acusaciones y aseguró que el emprendimiento de su familia “es modelo en el mundo”, reproducido de Pagina12.

5 Ver “Mauricio Macri y la Finca el Yuto”, Greenpeace, documento no fechado. Según el documento, “La finca “El Yuto”, de 20 mil hectáreas, se encuentra en el departamento San Martín de la provincia de Salta. Es propiedad de Yuto S.A., controlada por Socma Americana S.A., propiedad del empresario Franco Macri y de sus hijos. Cuando fue realizado el proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta, de acuerdo a la Ley Nacional de Bosques 26.331, el predio fue clasificado como Categoría II – amarillo (no permite deforestación o desmonte, sí aprovechamiento sustentable), en cumplimiento de los criterios ambientales que establece la norma. El año 2011 el administrador de la finca pidió al gobierno de Salta el desmonte de 8.163 hectáreas para explotación agrícola a través de una re-categorización predial que se contrapone a lo establecido por la Ley Nacional 26.331 (Expediente 119179272/07). El desmonte de esa zona afectará a varias comunidades indígenas y campesinas. Franco Macri declaró que cedió Socma Americana S.A. a sus hijos.”. http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/ report/2014/bosques/Mauricio-Macri-y-la-finca-El-Yuto.pdf

6 “Polémica en la Costanera: denuncian que los restaurantes de la zona pagan cánones irrisorios”, iProfesional, 14-4-2015 http:// www.iprofesional.com/notas/209802-restaurantes-ciudad-permisos-Polemica-en-la-Costanera-denuncian-que-los-restaurantes- de-la-zona-pagan-canones-irrisorios

7 Ver El Anacasti, 31 de Agosto de 2017 http://www.elancasti.com.ar/nacionales/2016/7/4/tucuman-involucran-alperovich- sobreprecios-obra-publica-303553.html

8 “Condenaron a Jaime por Corrupción” en Telefenoticias, 13de Octubre de 2015 http://telefenoticias.com.ar/politica/ condenaron-a-ricardo-jaime-por-corrupcion/

9 La Nación, Hugo Alconada Mon, Cartelización: Genesis de la corrupción en la obra pública, 14 de agosto de 2016

http://www.lanacion.com.ar/1928032-cartelizacion-la-genesis-de-la-corrupcion-en-la-obra-publica

10 Fortuna, 4 de Mayo de 2017 http://fortunaweb.com.ar/2017-05-04-189135-cuanto-ahorro-el-estado-al-frenar-la-cartelizacion- de-la-obra-publica/

11 Ver Latecno, “Cristina propuso una auditoria sobre la obra pública de su gestión”, 4 de julio de 2017, http:// www.latecno.com.ar/noticias/cristina-fernandez-propuso-una-auditoria-sobre-la-obra-publica-de-su-gestion/

12 “Sobreseyeron a Echegaray en la causa que le costó la salida de la AGN”, La Nación, 14 de Septiembre de 2016 http:// www.lanacion.com.ar/1937736-sobreseyeron-a-echegaray-en-la-causa-que-le-costo-la-salida-de-la-agn

13 Ver “Macri pondrá para el soterramiento del Sarmiento entre 750 y 950 millones de dólares más de lo previsto” en Pagina12 del 2 de Noviembre de 2016 https://pagina12.com.ar/1000-bolsillo-de-payaso-con-la-plata-del-estado

14 Ver “Lousteau contra el soterramiento del Sarmiento” en Crónicas Ferroviarias del 27 de Julio de 2017, http:// wwwcronicaferroviaria.blogspot.com/2017/07/lousteau-contra-el-soterramiento-del.html

15 Por ejemplo la relación entre los Kirchner y Lázaro Báez –que se remonta a la Provincia de Santa Cruz (Ver Wikipedia https:// en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1zaro_B%C3%A1ez)– y, también, la relación entre Macri y Nicolás Caputo (Ver Wikipedia, https:// es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Caputo).

16 En mis visitas a la provincia de Salta durante en el 2014 y 2015, choferes de taxi, gente allegada a la industria de la construcción, y habitantes en general, me hablaban de la corrupción existente en altas esferas municipales para la aprobación de permisos de construcción.

17 Los barrios cerrados en el Delta del Paraná, por ejemplo, están taponando el ecosistema y el escurrimiento de aguas que amortiguan las inundaciones en una vasta zona próxima a la capital de Argentina. Ver “El lujo construye inundaciones devastadoras en Argentina”, en Vecinos del Humedal, 18 de abril de 2013

18 El diario La Nación informo el 1 de junio de 2017 que Gerardo “Momo” Benegas seguiría siendo investigado por su presunta participación en la mafia de los medicamentos. Benegas falleció pocos días después. https://www.clarin.com/politica/mafia-medicamentos-casanello-serguira-investigando-momo-venegas_0_ByxZf1CZ-.html

19 “La muerte del Momo Venegas: Mauricio Macri le dedicó un mensaje en Twitter”, TN, 27 de junio de 2017 http://tn.com.ar/ politica/la-muerte-del-momo-venegas-mauricio-macri-le-dedico-un-mensaje-en-twitter_802600

20 Diversos casos ilustran esa situación en estos últimos años. Por ejemplo en la provincia de Santa Fe, escuchas rebelan la complicidad de policías con narcos https://www.rosario3.com/noticias/Santa-Fe-escuchas-revelaron-complicidad-policial-con- narcos-20161003-0008.html. En Córdoba, el jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas fue detenido acusado de vinculación con el negocio del narcotráfico en el 2013. Recibió una pena menor por lo que no permaneció encarcelado http://telefe.com/ canal8cordoba/teleocho-noticias/condenaron-a-rafael-sosa-pero-quedara-en-libertad. Hay otros casos de corrupción policial notorios, pero no necesariamente vinculados al tráfico de drogas. El Jefe de la Policía de Buenos Aries, por ejemplo, fue detenido en abril de 2017 por solicitar coimas a comerciantes porteños a cambio de “protección” https://www.eldiario24.com/nota/ argentina/398135/potocar-jefe-policia-caba-quedo-detenido.html

21 Un Juez Federal de Oran, Provincia de Salta, fue condenado a seis años de prisión por recibir coimas para levantar la captura a un narco https://www.clarin.com/policiales/condenan-federal-coimear-levantar-captura_0_EJeWvbu2l.html

22 Hoy en La Noticia, La Plata, 3 de Julio de 2016 http://diariohoy.net/politica/la-iglesia-advierte-la-creciente-complicidad- politica-y-policial-con-los-narcos-72364

23 “Así fue la fiesta electrónica donde murieron cinco chicos”, Canal 13 San Juan TV, 16 de Abril de 2016 http:// www.canal13sanjuan.com/el-pais/2016/4/16/fiesta-electronica-donde-murieron-cinco-chicos-23289.html

24 “Jorge Lanata presentó un informe que vincula a Aníbal Fernández con el narcotráfico” en La Nación del 3 de Agosto de 2015 http://www.lanacion.com.ar/1815696-jorge-lanata-presento-un-informe-que-vincula-a-anibal-fernandez-con-el-narcotrafico

25 La Nación, 5 de Abril de 2016 http://www.lanacion.com.ar/1886486-caso-antonini-wilson-la-corte-dejo-sin-efecto-la- sentencia-que-habia-confirmado-la-prescripcion-de-la-causa

26 “Sobreseyeron a Michetti por la causa del misterioso robo en su casa” La Nación, 12 de Abril de 2017 http:// www.eldestapeweb.com/sobreseyeron-michetti-la-causa-del-misterioso-robo-su-casa-n27730

27 “Los bolsos de López, el convento y el revuelo K: revelaciones del intendente que fue testigo de todo” en Clarín, 14 de agosto de 2016
https://www.clarin.com/politica/lopez-convento-revelaciones-intendente-testigo_0_HyIaY10t.html

28 “Corrupción K. El cuñado de de Vido se negó a declarar”, La Nación, 7 de agosto de 2017 http://www.lanacion.com.ar/ 2050787-el-cunado-de-de-vido-todavia-no-declaro-porque-tuvo-un-pico-de-presion

29 “El Show del Cuñado”, Raúl Kolman, Pagina 12, 7 de agosto de 2017 https://www.pagina12.com.ar/55059-el-show-del-cunado

30 “What Are the Panama Papers?”, New York Times 4 de abril de 2016 https://www.nytimes.com/2016/04/05/world/panama-papers-explainer.html

31 “Imputan a Mauricio Macri y Oscar Aguad por el Acuerdo de Correos Argentino”, La Nación 14 de febrero de 2017 https:// www.clarin.com/politica/imputan-mauricio-macri-oscar-aguad-acuerdo-correo-argentino_0_rkby06gYg.html

32 “Un fiscal imputo a Macri por el caso Avianca”, TN 1 de marzo de 2017 http://tn.com.ar/economia/caso-avianca-un-fiscal- imputo-macri-por-posible-asociacion-ilicita_776317

33 “El mapa de las inundaciones: está en riesgo el 25% de la producción agropecuaria”, Clarín 30 de agosto de 2017 https:// www.clarin.com/rural/mapa-inundaciones-riesgo-25-produccion-agropecuaria_0_H1kLuIVF-.html