Argentina sufrió una crisis financiera en Mayo de 2018 que devino en recesión y aceleró la inflación. Quien escribe lo había anticipado[1]; no fue el único[2]. Ese colapso sobrevino principalmente porque el mercado internacional dejó de prestarle al país que venía endeudándose sostenidamente. No generó un default formal debido al apoyo sustancial que le brindó el Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri. Se acordó un programa con el FMI que a mi juicio solo postergó una crisis aún mayor. Se observa lo siguiente:

 

• El Banco Central tiene reservas internacionales por US$ 68 mil millones[3]
• Pero debe a los Bancos comerciales por los títulos llamados Leliq el equivalente a US$ 26 mil millones al tipo de cambio existente a la fecha. Las Leliq vencen cada siete días y por ellas el Banco Central paga una tasa de 59 % anual
• A su vez los Bancos cuentan con depósitos a plazo fijo y en caja de ahorro por el equivalente a US$ 82 mil millones. Por ellos pagan una tasa de alrededor del 48 % annual. Parte de ese procedente es prestado al Banco Central a través de las Leliq
• También existen depósitos en el sistema bancario denominados en dólar los que ascienden a US$ 34 mil millones. Si los depositantes reclaman dichos depósitos, los mismos deberán ser afrontados con las reservas del Banco Central. Por otra parte, los bancos han concedido préstamos en dólares por US$ 15 mil millones
• El Banco Central debe financiar también el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos (exportaciones menos importaciones de bienes y servicios y pagos de intereses sobre deuda exterior). Se estima que dichos déficits promediaran cerca de US$ 10 mil millones por año en el periodo 19-23[4]
• Las amortizaciones de la deuda pública exterior para el periodo 19-21 promedian US$ 31 mil millones por año [5]
• Así las reservas netas disponibles del Banco Central al momento ascienden a unos US$ 10 mil millones según mis cálculos. Un conocido economista y comentarista de TV (M. Montenegro) las estimó en US$ 15 mil millones en Mayo de este año[6]. Las cifras son similares y muestran lo comprometido de la situación.

 

Las elevadas tasas de interés que el Banco Central paga a los Bancos comerciales por las Leliq permite restringir el circulante monetario. Los Bancos comerciales, a su vez, obtienen depósitos de individuos y empresas a quienes pueden pagar altas tasas de interés. De otra forma, dicho dinero se iría seguramente al dólar. Con este juego la demanda de dólares disminuye y el tipo de cambio se puede mantener estable. Un dólar estable lleva a que algunos individuos o empresas vendan dólares para efectuar depósitos en pesos, percibiendo altos intereses para volver, después de un tiempo, a comprar dólares. En tal caso, el beneficio, en dólares, seria de alrededor del 48 % annual menos algunos puntos por comisiones y gastos de transacción. Este tipo de transacciones se denominan internacionalmente carry trade, y en criollo bicicleta financiera o plata dulce. Ninguna economía produce los recursos reales para que ese esquema pueda mantenerse. Cabe agregar que los saldos adeudados por las Leliq crecen aceleradamente. En estos momentos el monto de Leliq emitidos por el Banco Central representan un 85 % de la base monetaria (dinero circulante más depósitos). Eso, de por si, es una fuente de inestabilidad.

 

Supongamos que los tenedores de depósitos a plazo fijo y caja de ahorro retiran un tercio de los saldos y con ello compran dólares. Estamos hablando de casi US$ 30 mil millones de dólares al cambio hoy imperante que deben ser afrontados con reservas de poco más de US$ 60 mil millones. Si se permite que el dólar se devalue el efecto sobre las reservas seria menor pero los precios se dispararían. Además, otros depositantes podrían pasarse al dólar en anticipación de futuras devaluaciones. El impacto sobre la inflación sería muy agudo, no excluyéndose una hiperinflación habida cuenta de la historia argentina donde el público es muy sensible al precio del dólar y a las expectativas inflacionarias.

 

Sería ingenuo ignorar que la presente situación es potencialmente explosiva. De acuerdo a la Agencia Bloomberg, una compañía que analiza riesgos en el mercado, Argentina es la economía más vulnerable del mundo. Moody’s and Standard and Poor’s también aluden a las dificultades de la situación económica[7]. La incertidumbre electoral contribuye a la fragilidad de la economía argentina. Hay quienes se preguntan si un desenlace explosivo se desataría antes o después de las elecciones con el impacto predecible.

 

Hay motivos para ser moderadamente optimista sobre el futuro de Argentina? Quien escribe opina que si. A continuación reproducimos, con algunos retoques, un lineamiento de políticas que formulamos al final del año pasado. La orientación que propugnamos requiere un acuerdo social amplio, necesario entre otras cosas para bajar las expectativas inflacionarias, apuntalado en un comienzo por medidas fiscales y monetarias moderadamente expansionarias[8]:

 

En primer lugar, algún tipo de control a la movilidad de capitales son imprescindibles en esta etapa para restringir la salida masiva de los dólares obtenidos de la exportación e impedir la entrada de capitales golondrinas que juegan un rol desestabilizante. Los controles a la movilidad de capitales, muy difundidos en países que derrotaron la inflación, deben ser implementados con flexibilidad y pragmatismo. Pueden ser relajados a medida que se consolide un proceso de estabilidad financiera y la economía vuelva a crecer.

 

La política fiscal deberá ser realista y sostenible. Demandará esfuerzos de la población pero privilegiará a algunos sectores y actividades. Un presupuesto realista no podrá evitar cierto déficit primario no excesivo en los años iniciales del programa, digamos 2-3 % del PBI. Se basaría en una presión impositiva similar a la existente pero con algunos ajustes importantes: las retenciones a la exportación solo comprenderían la soja, los granos y la minería (que afectan negativamente el medio ambiente). Se gravaría más la importación de autos de alta gama, yates y productos suntuarios en general. Los impuestos a las ganancias y bienes de capital deberían cobrar creciente importancia y reemplazar, gradualmente, a los que gravan los salarios. Se protegerían los siguientes componentes del gasto público: jubilaciones, programas de ayuda a los sectores más vulnerables (sujetos al más riguroso control), educación, salud e inversiones prioritarias con acento en el mantenimiento de la infraestructura existente.

 

La política industrial para proteger el empleo debería enfocarse en proveer protección sólo a algunas industrias que se consideren competitivas a largo plazo y que sean relevantes en la provision de empleo (¿textil, cueros? etc). Tal protección requeriría de un tipo de cambio apropiado y reducirse paulatinamente a medida que las industrias afianzen su competitividad.

 

Los salarios se incrementarían moderadamente sin llegar a compensar totalmente las pérdidas ya sufridas. A partir de allí, las paritarias podrían funcionar normalmente basadas en aumentos que no superen la inflación, por lo menos hasta que la economía y productividad crezcan sostenidamente (digamos un 3-4 % anual o más).

Es inevitable una renegociación de la deuda con los acreedores del sector publico, tanto internacionales como domésticos. Tal renegociación será imposible de obviar en cualquier escenario posible si se observa el calendario de vencimientos venideros y la disponibilidad de recursos. Esto presupone rediscutir el programa con el FMI. Se anticipa que las negociaciones serán muy difíciles pero no se pueden cortar las relaciones con el FMI. Argentina no está en condiciones de hacerlo.

 

La protección del medio ambiente reclama una moratoria en los desmontes y en la cesión de tierras públicas, en una reorientación de los gastos municipales hacia obras que mejoren la colección de las aguas y el planeamiento urbano. Deberán facilitarse algunas actividades agrarias, industriales y de servicios que provean más empleo y sean más compatibles con el cuidado del medio ambiente que las extractivas.

 

Basándose en una amplia consulta ciudadana, es imperativo introducir reformas orientadas a mejorar el funcionamiento institucional. Será necesario reformar la ley de licitaciones y compras del sector público introduciendo mecanismos ágiles y efectivos de contralor basados en la experiencia mundial. La Oficina Anticorrupción debe independizarse del Poder Ejecutivo. Similarmente, es fundamental realizar cambios en el funcionamiento del Poder Judicial. Los jueces y fiscales deberían tener una duración limitada y pagar impuestos. La composición del Consejo de la Magistratura requiere ser revisada para garantizar que jueces y fiscales actúen con pericia y objetividad. La Ley de Ética Pública debería prohibir muchas actos hoy permitidos que en los hechos constituyen una suerte de corrupción legal (por ejemplo, relaciones comerciales entre funcionarios y contratistas del estado).

 

[1] http://carloselbirt.com/2018/03/16/argentina-hay-peligro-de-colapso-financiero/

[2] https://www.cronista.com/finanzasmercados/Juan-Carlos-De-Pablo-Asi-como-vamos-chocamos-20171130-0064.html

[3] Las estadísticas citadas de ahora en adelante son del Banco Central a menos que se especifique otra fuente https://www.bcra.gob.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales

[4] Argentina: Fourth Review Under the Stand-by Arrangement, IMF Country Report No 19/232, July 2019

[5] Ídem

[6] https://www.planm.com.ar/contenidos/economia/cunto-suman-las-reservas-reales-del-banco-central-ante-una-corrida-al-dlar-us-15100-millones-2019-05-10

[7] https://www.lapoliticaonline.com/nota/120579-para-bloomberg-argentina-es-la-economia-mas-vulnerable-del-mundo/

[8] http://carloselbirt.com/2018/12/28/argentina-despues-de-tres-anos/